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El ‘112’ hace oídos sordos

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recuerda que el 112 no solo ha de ser accesible para todas las personas, sino que, además, se ha de regular su aplicación y puesta a disposición de sus usuarios, entre ellos las personas sordas, unificando el modo de acceder al servicio, con independencia de la comunidad autónoma desde la que se realice la llamada de emergencia.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recuerda que el 112 no solo ha de ser accesible para todas las personas, sino que, además, se ha de regular su aplicación y puesta a disposición de sus usuarios, entre ellos las personas sordas, unificando el modo de acceder al servicio, con independencia de la comunidad autónoma desde la que se realice la llamada de emergencia.

De acuerdo con el Consejo de las Comunidades Europeas, corresponde a las instituciones de cada país adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas que efectúen a este número reciban la respuesta y atención adecuadas.

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Corresponde a las instituciones de cada país adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas que efectúen al 112 reciban la respuesta y atención adecuadas.

Cada Comunidad pide a los usuarios con sordera que se registren previamente para que, en el caso de que realicen un aviso, el sistema les reconozca como una persona sorda y les ofrezca la atención adecuada

En España, la diversidad de gestión de este servicio complica la atención a las personas sordas.

Cada Comunidad Autónoma pide a los usuarios con sordera que se registren previamente para que, en el caso de que realicen un aviso, el sistema les reconozca como una persona sorda y les ofrezca la atención adecuada.

112 un servicio discriminatorio

Sin embargo, si el aviso se realiza a un servicio 112 en el que el usuario no está registrado, lo cual sucede en el momento en que cualquiera se desplaza fuera de la comunidad en la que reside, la atención no será posible por esta vía accesible.

Algo incomprensible y discriminatorio en el caso de un teléfono de emergencias y que podría solucionarse implantando un único sistema de acceso, común para todo el Estado, tal como existe para el resto de los ciudadanos.

Debería seguirse el ejemplo de lo ya hecho con otros teléfonos o aplicaciones de servicio al ciudadano (el 016 de atención a las víctimas de violencia de género o el teléfono contra el acoso escolar), que permiten dar respuesta a las emergencias de las personas sordas a través de un servicio de mensajería instantánea o videollamada.


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